Meses movidos venimos viviendo, aun con aislados conatos de indisciplina uniformada (fruto de negocios jurídicos que descalabraron escalas salariales de gendarmes y prefectos), a partir de que el próximo 7 de diciembre la Ley de Medios Audiovisuales, sancionada hace ya tres años, debe ser aplicada.
Pujan, sobre todo,el interés particular del grupo monopólico Clarín, que no acepta su parcial retiro de sus más de 300 licencias del mercado y atenerse a la Ley, y los intereses generales sostenidos por el Estado, expresión, a su vez, en trazo grueso, de dos modelos de país.
El contexto, es el mundo globalizado con su nueva crisis cíclica recurrente en lo financiero, afectando a los pueblos de países centrales (España y Grecia, en primer término) y donde la región latinoamericana intenta unirse para evitar que tal debàcle la afecte. En ello, la desmonopolización de los medios juega un rol clave.
Aún con las fugas y falencias del modelo heterodoxo de economía de mercado con participación del Estado, producción nacional de alto valor agregado, desarrollo del mercado interno, reparto progresivo de la riqueza, inversión en tecnología e infraestructura, intervención en el mercado de cambios para evitar la fuga de capitales y educación para todos, se le opone la inorgánica expresión cacerolera de sectores de capas medias, con fuerte apoyo mediático hegemónico, que expresan en su queja lo que sienten como falta de libertad, seguridad y exceso de Estado, aunque, económicamente, vienen siendo beneficiadas.
Los que enfatizan lo alcanzado en estos 9 años destacan los casi tres millones de nuevos jubilados, los cuatro millones de niños que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), los millones que han conseguido trabajo, los mil científicos regresados al país, los cientos de miles que han vuelto a la escuela, y la política en Derechos Humanos y derechos civiles para mayorías y minorías diversas. R.S.
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