Guía Aldea

Historia Nuestra
Alfonsín y la política de Derechos Humanos:
“Nunca Más”

Alfonsín anunció la decisión de anular la Ley de Pacificación Nacional (autoamnistía) dictada por los militares en 1983 por ser “moralmente inaceptable”.
A horas de haber asumido el poder, el presidente firma el decreto 158/83, por el que instruye al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la promoción de una causa contra los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional, instalado en el país luego del golpe militar contra Isabel Perón del 24 de marzo de 1976, y, al mismo tiempo, decretó la acción penal contra los jefes de los Montoneros y el ERP.
Poco después se creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, encargada de reunir pruebas sobre el destino de los desaparecidos.
El resultado de la labor de la Comisión que presidió el escritor Ernesto Sábato fue publicado en un libro titulado “Nunca Más”, que es una alucinante descripción del desarrollo de una política premeditada de eliminación física de los opositores y particularmente de la guerrilla de izquierda.
Llevar a los generales responsables del terrorismo de Estado, al banquillo, demostró un coraje cívico impensado, y se fundó en una verdad incontrastable: entre los años 1976 y 1979 miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas, muertas sin conocerse ulteriormente, en la mayoría de los casos, su paradero. Esto fue resultado de la aplicación de procedimientos inspirados en la “doctrina de la seguridad nacional”, ideología y ejecución de signo eminentemente totalitario.
La decisión presidencial se hizo eco de la opinión pública generalizada sobre la seria presunción de que muchas de las víctimas fueron asesinadas sin forma alguna de juicio, y, además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos.
Los juicios contra los ex comandantes se prolongaron durante todo el año 1985 y concluyeron con la sentencia a prisión perpetua del general Jorge Rafael Videla y del almirante Emilio Massera, entre las más notorias.
El gobierno de Alfonsín redujo drásticamente los gastos militares, retiró del servicio activo a decenas de oficiales de alto rango, redujo el número de generales de 60 a 25 y alejó de Buenos Aires a poderosas unidades militares.
A medida que se desarrollaba la acción de la justicia, a mediados de junio de 1985, se asistió a una campaña de intimidación pública a través de una serie de atentados con explosivos
A mediados de 1984, Mario Firmenich, líder de Montoneros, fue apresado en Brasil y luego extraditado.
Hacia finales de 1986 el PEN anuncio un proyecto por el cual se pondría un plazo de 60 días, o “punto final”, para iniciar acciones penales contra militares o miembros de las fuerzas de seguridad por delitos cometidos en el marco de la represión.
La resistencia de algunos oficiales involucrados a someterse a la acción de la justicia desembocó en el levantamiento de los llamados “carapintadas”, en los llamados Sucesos de Semana Santa de 1987.
La crisis culminó con la derrota incruenta de los rebeldes pero dejó la sensación que las fuerzas militares no sublevadas se habían resistido a reprimir a sus camaradas alzados, lo cual revelaba el grado de solidaridad interna que unía a los militares.
A pesar de la reglamentación legislativa de la “obediencia debida”, sancionada a mediados de 1987, la crisis militar de Semana Santa tuvo nuevas manifestaciones en enero y diciembre de 1988.
Desde el punto de vista del comportamiento político-institucional de las Fuerzas Armadas, este conjunto de episodios reflejó la existencia de una grave fractura horizontal en la estructura jerárquica del ejército.
El cuestionamiento y desconocimiento de la autoridad superior, es decir, la ruptura de la cadena de mandos, se había gestado en el seno del arma durante el Proceso, profundizado en el curso de la guerra de Malvinas y expresado dramáticamente en el marco del gobierno constitucional.

Prof. Isabel Rodríguez