Guía Aldea

Historia Nuestra

El comienzo del fin de la impunidad
Los argentinos ¿fuimos derechos y humanos?

Afines de 1977, el gobierno militar reconoció, aunque no lo difundió públicamente, que había alcanzado la victoria militar en su “guerra contra la subversión”, considerando este combate como el elemento fundante de una nueva legitimidad histórica.
Desde ese momento se intensificaron los conflictos entre los cuadros operativos militares y los altos oficiales, ya que surgieron varios proyectos que tenían como propósito diseñar un plan político para asegurar los objetivos de las Fuerzas Armadas a mediano y largo plazo que incluía el diálogo político.
Para la Junta Militar, el acuerdo con la política represiva era una condición fundamental para identificar a las fuerzas políticas que podrían participar de un nuevo orden.
Estas estrategias para cerrar el tema de las violaciones a los derechos humanos generaron importantes conflictos dentro de las Fuerzas Armadas.
El primer camino para blanquear la política represiva fue aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA (Organización de los Estados Americanos), en la idea de mostrar al mundo y al país que la represión había sido producto de una guerra necesaria pero acotada.
La Junta Militar, se vio finalmente sacudida en septiembre de 1979, por la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 6 y 20 de ese mes, dispuesta a escuchar miles de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
La Comisión se entrevistó con funcionarios del gobierno, autoridades eclesiásticas, organismos de derechos humanos, visitó cárceles y recibió 5580 denuncias.
Esta Comisión elaboró un informe que pese a su importancia pasó casi inadvertido ya que tuvo poca difusión, porque la visita coincidió con un nuevo triunfo argentino en fútbol, esta vez el Mundial Juvenil en Japón, con la selección en la que deslumbraba un casi adolescente Diego Armando Maradona.
Algunos comunicadores ligados al régimen, con José María Muñoz a la cabeza, convocaron a quienes salieron a la calle a festejar el título a reunirse frente a la sede de la OEA, donde atendía la CIDH, y demostrar que en la Argentina, los desaparecidos, los torturadores y los centros de detención clandestina eran parte de una propaganda antiargentina y que en definitiva los argentinos éramos “derechos y humanos”, como decían las 250.000 calcomanías autoadhesivas que mandó confeccionar el ministro del Interior Albano Harguindeguy.
La Junta Militar intentó con esto perpetuar y profundizar la ilusoria sensación de legalidad y normalidad y a su vez estigmatizar o neutralizar los primeros reclamos y denuncias sobre los excesos por ella cometidos.
A pesar de los intentos por neutralizar o revertir las denuncias, la Comisión elaboró un extenso informe, en el cual explicita que durante 1975 -1979 se cometieron numerosas y graves violaciones de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal, el derecho a la justicia y proceso regular, ejercicio pleno de la libertad de expresión e información. Indica que además se suspendieron los derechos políticos y se vieron afectados gravemente los derechos laborales.
En virtud de sus conclusiones la Comisión recomendó enjuiciar y sancionar con todo el peso de la ley a las autoridades públicas responsables de muertes e informar circunstancialmente sobre la situación de los detenidos desaparecidos.
Los gobiernos de EE.UU, bajo la administración de James Carter y los europeos presionaban a la dictadura argentina para que pusiese fin al terrorismo de estado
El informe de la CIDH no tuvo el resultado esperado por la Junta Militar, sino que por el contrario legitimó en el plano nacional e internacional los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, puede decirse que la visita de la Comisión marcó el comienzo del fin de la impunidad.

Prof. Isabel Rodríguez